| Sumario: | La reforma constitucional de 1994 consagró la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales en el propio texto de la Constitución Nacional. Antes de la reforma, se sostenía en general que las universidades nacionales gozaban solamente de autarquía. Producto de la reforma de 1994, se plantea el desafío de definir el alcance de la cuestión, toda vez que la constitución no explicita la significación de la autonomía de las universidades nacionales, ni el conjunto de competencias que son resultado de ésta. Sin embargo, el término presenta el problema de los conceptos jurídicos indeterminados, en el sentido de que sus límites no están precisados con exactitud en el enunciado constitucional. A esta dificultad se agrega el hecho normativo de que, al mismo tiempo, el Congreso de la Nación posee la facultad de dictar leyes en materias de educación superior. Frente a este panorama, se puede advertir que la autonomía universitaria debe convivir con las atribuciones del órgano legislativo, y viceversa. En este trabajo me propongo delimitar el ámbito y el rango de las normas legales que corresponde sancionar al Congreso Nacional en virtud de la competencia atribuida por el artículo 75, inciso 19. También indago las normas estatutarias que corresponde dictar a las universidades nacionales en razón de la autonomía reconocida en la misma disposición constitucional, como así también su ubicación en el sistema jurídico.
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