Falacias como obstáculo al derecho a sentencias debidamente fundadas: la importancia de la identificación y eliminación de argumentos engañosos
Desde la doctrina se identifica que en los modernos Estados de Derecho se requiere a los poderes públicos, incluido el Poder Judicial, que justifiquen adecuadamente sus decisiones. Los servidores públicos deben razonar y argumentar sus decisiones de acuerdo con la Constitución y las leyes. La obliga...
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| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Reunión |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica
2024
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/53637 |
| Aporte de: |
| Sumario: | Desde la doctrina se identifica que en los modernos Estados de Derecho se requiere a los poderes públicos, incluido el Poder
Judicial, que justifiquen adecuadamente sus decisiones. Los servidores públicos deben razonar y argumentar sus decisiones de
acuerdo con la Constitución y las leyes.
La obligación de los jueces de fundamentar adecuadamente sus decisiones tiene origen en el derecho a la tutela judicial efectiva y
está relacionada con la necesidad de utilizar argumentos precisos y de calidad que permitan a la población identificar cómo se llegó
a determinada decisión.
Este derecho garantiza a los ciudadanos que los tribunales y otros órganos judiciales resuelvan los asuntos sometidos a su
jurisdicción con base en la ley y en los hechos relevantes del caso lo que es esencial para garantizar la transparencia, imparcialidad
y legitimidad del sistema judicial.
Sin embargo, existen situaciones en las que un argumento puede fallar a en su propósito de establecer la verdad de su conclusión,
como cuando supone alguna proposición falsa como una de las premisas del argumento o cuando las premisas no impliquen la
conclusión a la que se arribó.
Este trabajo tiene como objetivos fundamentales: indagar sobre cómo actúan las falacias en el campo jurídico, y describir la relación
entre la identificación de falacias y el acceso a sentencias debidamente fundadas por parte de los ciudadanos.
En su desarrollo se emplea la metodología cualitativa y se realiza un análisis de tipo descriptivo con base en el de análisis
documental. Se ha realizado un relevamiento de información –textos, artículos, capítulos, libros, compilaciones, revistas, trabajos
científicos-; recopilación de material; identificación y selección del material recopilado, para la conceptualización del contenido; y
análisis conceptual de los principales términos teóricos.
El derecho de los ciudadanos al acceso a la justicia supone la posibilidad de recurrir a un órgano jurisdiccional para que los amparen
contra actos que violen sus derechos fundamentales. Pero no se limita a ello sino que también se identifica con la tutela judicial
efectiva y permanente, como tal está presente al comienzo, durante y después de la intervención de un órgano jurisdiccional.
En el trabajo se analiza una de esas fases: la culminación. Todo proceso judicial culmina con una sentencia, la cual debe ser
congruente con lo pedido, fundada normativa y fácticamente y no contradictoria. En suma, no debe ser arbitraria. Entonces, el
derecho a una sentencia debidamente fundada es esencial para garantizar la transparencia, imparcialidad y legitimidad del sistema
judicial. De esto surge el deber del juez razonar y argumentar sus decisiones.
La finalidad de la argumentación es establecer la verdad de su conclusión. Sin embargo, existen situaciones en las que un
argumento puede fallar a en su propósito como cuando supone alguna proposición falsa como una de las premisas del argumento o
cuando las premisas no impliquen la conclusión a la que se arribó.
Los autores definen a la falacia como una forma de razonamiento incorrecta, pero aclaran que no cualquier error constituye una
falacia sino sólo aquellos errores típicos que aparecen en el discurso y que tornan inválido el argumento. La falacia tiene la
particularidad de que, es un argumento que puede parecer correcto pero que demuestra luego de examinarlo, que no lo es. Pero aun
siendo incorrecto, resulta persuasivo de manera psicológica.
Guillermo G. Peñalva (s.f.) plantea la tesis de que el problema de las falacias ha sido planteado de una forma excesivamente
superficial y analiza cómo esto afecta el campo jurídico. Según el autor, se omite considerar que la afirmación de que un argumento
es falaz sólo puede ser aceptada en términos relativos, siempre que esté contextualizado porque un argumento puede ser válido en
determinados discursos y no serlo en otros. En el campo jurídico, los discursos falaces existen y deben ser denunciados, pero
también existen discursos jurídicos que contienen falacias y sin embargo son admitidos e incluso son considerados principios
virtuosos. Pero fuera de estas excepciones determinadas por el mismo derecho, dice Battu (2020) que “si quienes deben velar por el
mantenimiento de la justicia no advierten —o fingen no advertir— los manejos falaces, dejan desprotegidos a quien confía en ellos
para la defensa de sus derechos. Se resiente en consecuencia el valor seguridad.” Razón por la cual no deben ser toleradas.
En conclusión, el análisis de las falacias en el ámbito jurídico requiere una metodología especializada y un enfoque contextual. La
validez de los argumentos puede variar según el contexto y algunos pueden ser aceptados como principios fundamentales en el
derecho. Sin embargo, las falacias argumentativas pueden impedir que los ciudadanos obtengan sentencias justas y debidamente
fundamentadas. Por lo tanto, es importante que tanto los operadores jurídicos como los ciudadanos puedan distinguir entre falacias
aceptadas por el derecho por razones de equidad, economía procesal y eficiencia, y aquellas que ponen en riesgo la justicia y la
seguridad al ser incluidas en el discurso jurídico. |
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